18/09/2020 - Edición Nº653

Política | 15 sep 2020

JUSTICIA

Caso Barcia: Los concejales habían presentado en el mes de mayo un pedido de informes sobre los casos de prisiones domiciliarias

Aseguran que nunca hubo respuestas sobre los beneficiados. Cuatro meses después, uno de ellos es el principal sospechoso por la muerte de la ex empleada municipal.


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CAÑUELAS AL DÍA

Mirta Barcia fue asesinada en la puerta de la casa de su hermana ubicada en la calle Vicente Casares 144. Por su muerte hay dos sospechosos y un tercer detenido por haber sido encontrado con el celular de la víctima.  
  
Con la detención de JUAN PEDRO CORVALAN señalado como presunto autor de los disparos, salió a la luz que él estaba detenido desde el 27 de abril de este año por una causa (IPP 06032175/19) relacionada con la venta de estupefacientes y fue beneficiado por el Juez de Garantías con la prisión domiciliaria que al igual de cientos de presos, salieron a las calles durante la pandemia. 
 

Según un informe de la Procuración Penitenciaria Nacional, salieron de las instituciones carcelarias federales 2185 personas entre el 12 de marzo y el 31 de mayo.  
 
Otro documento de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) agrega que otros 374 detenidos abandonaron los presidios federales en junio pasado. En ambos organismos se consignaron esos egresos "dentro del contexto de la pandemia". De esos 2559 presos solo se documentaron 288 casos de cumplimiento de la pena o absolución. 
 

Un pueblo consternado por la muerte de la ex empleada municipal. Desde el Concejo Deliberante expresaron sus condolencias a la familia y luego recordaron que, en el mes de mayo, más precisamente el día 5 habían presentado un pedido de informes sobre los casos de prisiones domiciliarias. 
 
La concejal Claudia Pelereteguy explicó a Cañuelas al día que, pese a estar aprobada la ordenanza, los organismos no dieron respuestas sobre el listado de presos que serían beneficiados con prisión domiciliaria.   
   
Los pedidos de informes se habían realizado tanto la Procuración Provincial y al Patronato de Liberados, como al Juzgado de Garantías N°8 a cargo del Juez Martín Miguel Rizzo.  
 

Como parte de las respuestas, los organismos debían explicar sobre cómo sería el monitoreo que se iba a efectuar sobre los beneficiados. 

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