Masacre de Monte: Finalmente hay fecha de juicio

A más de tres años, ya tiene fecha el juicio por cuádruple crimen llamado “la masacre de Monte”.  

Del 8 al 17 de mayo del 2023, en una jornada completa en el Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de La Plata, a cargo de la magistrada a cargo es Carolina Crispiani se juzgará la participación de los cuatro policías imputados.

Se trata de un juicio por jurado que evaluará el accionar de los dos policías que manejaban los patrulleros y los dos que dispararon al auto. En la causa por la denominada “Masacre de Monte” se investiga la muerte de Camila López (13), Danilo Sansone (13), Carlos Aníbal Suárez (22) y Gonzalo Domínguez (14); y las graves heridas que sufrió Rocío Quagliariello (de 13 años en ese momento), la única sobreviviente en la madrugada del 20 de mayo de 2019.

Los familiares de las víctimas fueron notificados este martes por la tarde. “La novedad, por la que tanto lucharon y que sin lugar a dudas les trajo algo de paz, se la hicieron saber sus letrados”, aseguraron colegas de Monte 24 Noticias

La mamá de uno de los chicos escribió en su cuenta de Facebook: “Hoy es un día de mucha emoción...a pesar de sobrevivir al dolor, tuve un poco de alivio, recibí la noticia que tanto esperaba...la fecha de juicio por jurado dónde serán juzgados por el asesinato con alevosía de nuestros hijos”.

Cabe recordar que el 10 de mayo de este año, murió en Cañuelas uno de los imputados que tenía esta causa. El ex secretario de Seguridad falleció tras ser atacado por un Rottweiler en la casa donde cumplía el arresto domiciliario.

Martínez tenía 58 años. Había sido detenido el 26 de mayo de 2019 -seis días después de la tragedia-, acusado de encubrimiento e incumplimiento de sus deberes como funcionario público. La sospecha de los investigadores es que habría manipulado las filmaciones de las cámaras de seguridad en el Centro de Monitoreo en procura de encubrir el accionar de los policías.

En abril del 2020 la Justicia le había concedido en beneficio del arresto domiciliario al ser incluido entre los presos con riesgo de vida ante la posibilidad de contagios de COVID-19.