Por: CAÑUELAS AL DIA

Comunicado de IPNA:

"Desde 1988, Fundación IPNA trabaja de manera sostenida por la inclusión y el acompañamiento de personas con discapacidad. Hoy, como gran parte del sector, atraviesa una situación crítica que pone en riesgo la continuidad de sus servicios.

Nuestra institución acompaña diariamente a más de 100 personas con discapacidad y a sus familias. Sin embargo, actualmente nos encontramos en un escenario de extrema vulnerabilidad debido a la falta de pagos por parte del Ministerio de Salud de la Nación, a través del programa Incluir Salud y del PAMI. La deuda se arrastra desde noviembre de 2025, lo que implica más de cinco meses brindando prestaciones esenciales sin percibir ingresos.

A esta situación se suma el fuerte atraso en los aranceles, que han quedado muy por debajo de la inflación, perdiendo gran parte de su valor real y volviendo insostenible el funcionamiento cotidiano de las instituciones. Este contexto impacta directamente en la calidad y continuidad de las prestaciones, en nuestros equipos profesionales —que hoy tienen sus salarios atrasados— y, fundamentalmente, en las personas con discapacidad que dependen de estos apoyos para su vida diaria.

En Fundación IPNA hemos hecho todos los esfuerzos posibles para sostener las puertas abiertas: ajustamos gastos en las áreas que menos afecten al funcionamiento de la institución, gestionamos apoyos, presentamos reclamos formales ante las autoridades competentes y participamos activamente de las acciones colectivas del sector, tanto en el ámbito social como judicial.

Cabe destacar que el Congreso de la Nación sancionó la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad para atender esta crisis. Sin embargo, pese a los avances legislativos y a las resoluciones judiciales que ordenan su cumplimiento, la falta de respuestas efectivas y el congelamiento en los pagos agravan día a día la situación.

Hoy, con enorme preocupación y responsabilidad, debemos advertir que este escenario ya no es sostenible. El endeudamiento crece, los recursos se agotan y, de no mediar una respuesta urgente por parte del Estado Nacional, se pone en riesgo la continuidad de espacios fundamentales para la comunidad.

Esto no solo afecta a las instituciones, sino también a las personas con discapacidad, a sus familias y a todo el entramado social que sostiene los procesos de inclusión.

Garantizar los derechos de las personas con discapacidad no es una opción ni un gasto prescindible: es una obligación legal, ética y social.

Pedimos a las autoridades nacionales una respuesta urgente.

A la comunidad, a las familias y a los medios de comunicación, les pedimos que acompañen y visibilicen esta situación.

Porque cuando se recorta en discapacidad no se ordena la economía, se vulneran derechos".