Interés General | 31 oct 2011
Leonardo Garavaglia le contesta a EL CIUDADANO
El abogado del Municipio le contesta al semanario por la nota publicada en su última edición con respecto al tema de las presuntas usurpaciones, donde se sugiere que incurrió en un comportamiento poco ético como patrocinarte de una de las partes.
A raíz de la publicación efectuada por el semanario EL CIUDADANO CAÑUELENSE en su edición 1711 del 29 de octubre de 2011 en páginas 1, 14 y 15 bajo el título "Denuncian controvertido caso de usurpación", creo oportuno manifestar algunas opiniones y realizar ciertas aclaraciones, ya que considero que de forma deliberada, en la nota se sugiere que quien suscribe puede haber incurrido en un comportamiento poco ético y cuasi delictivo, y se busca de forma maliciosa vincular al Municipio en un asunto meramente privado, intentando generar una sensación errónea en el lector respecto de un hecho sobre el que además se informa parcialmente, dando cuenta sólo de la posición de una de las partes en conflicto.
Uno de los temas principales de la nota en cuestión (que no tiene firma) es mi participación profesional como Abogado Patrocinante de una de las partes. En varios párrafos se hace referencia a esta situación objetando mi desempeño ético, al sugerir que mi trabajo en el área de Legales del Municipio de alguna forma me inhibe de desempeñar mi profesión fuera del ámbito municipal.
Mi desempeño en la causa en cuestión recibe diferentes calificativos a lo largo de la nota. EL CIUDADANO CALIFICA COMO "novedad", o como algo "sorprendente" una situación que no debería sorprender en lo más mínimo. Los periodistas que trabajan en dicho medio saben perfectamente que el Municipio no bloquea los títulos de los profesionales que trabajan en su plantel (Abogados, Médicos, Ingenieros, Arquitectos, etc.) por lo que todos pueden -y de hecho lo hacen- desempeñar su profesión en el ámbito privado fuera del horario municipal.. Si no lo saben, deberían saberlo, aunque a mi juicio eligen ocultar esa información al lector, con el objeto de fortalecer aún más la idea que subyace en todo el artículo, y que es la de que en el hecho de marras se haya incurrido en algún tipo de irregularidad, falta ética o delito.
Como dato ilustrativo, considero pertinente señalar que en el quehacer profesional, diversas son las causas en las que se requiere nuestro servicio y asistencia. Por ejemplo en el "candente" tema de las usurpaciones que EL CIUDADANO se encarga de resaltar, he actuado como patrocinante de la Sra. Leonor Cenas, quien ha sido mencionada reiteradamente en dicha publicación como víctima del delito mencionado. No he visto en ningún caso que esta información haya sido publicada por EL CIUDADANO, siendo que la misma es pública y conocida por periodistas de ese medio.
Volviendo a la nota en cuestión debo decir que EL CIUDADANO se cuida mucho de decir directamente lo que sugiere. Prefiere ponerlo en boca de terceros, como hace en el párrafo 12, cuando el señor Pontón (pongo en conocimiento que me contacté con el mismo para que me diera las explicaciones sobre sus supuestos dichos) habla de "conflicto de intereses". No obstante, un párrafo antes, la nota refiere al cargo ocupado por mi esposa, la Dra. Zulma Luna, y dice que eso "agrava la situación". Si no existe falta ética ni delito, ¿qué es lo grave? EL CIUDADANO debería aclarar esto, así como también explicar cuál es la relación concreta de mi esposa con la causa, a la que se la vincula maliciosamente.
Considero que el Director de EL CIUDADANO comprende perfectamente que una relación conyugal no implica una pérdida de la identidad, y que cada cónyuge mantiene su tarea profesional de forma independiente. Un buen ejemplo de ello es la relación del principal periodista de su medio con quien fuera en su oportunidad Jefa de Prensa del Municipio, hecho que no le pareció entonces censurable ni contradictorio.
Otro punto no menos importante a aclarar es la situación real de la causa. Durante toda la nota, EL CIUDADANO toma partido por una de las partes de un conflicto privado, dando información parcial y tendenciosa. El objetivo, claro es, sugerir -siempre sugerir- que diversos funcionarios municipales (la nota menciona a quien suscribe, a su esposa, y también a "alguien" que no identifica) están avalando, patrocinando, protegiendo, a supuestos usurpadores.
La nota no lo dice de forma directa, pero cualquier lector bien intencionado no negará que esa es la "sensación" que arroja su lectura. Para construir esa sensación, el medio recurre a diversas manipulaciones de la realidad, y toma partido sólo por una de las partes. Extrayendo algunos párrafos del escrito presentado por dicha parte, el medio cita causas penales anteriores de mi patrocinado. La elección de esa cita por parte del medio no es casual, y lo que busca es claramente generar en el lector una opinión desfavorable hacia su persona.
El conflicto se encuentra judicializado. El expediente tramita en el Juzgado Civil y Comercial Nº 27 de La Plata. Mi patrocinado fue declarado en rebeldía por no contestar una demanda que fue pegada en la puerta de su supuesto domicilio.
En relación a ello, se efectuó una presentación pidiendo que se le permita contestar y defenderse notificándolo en el domicilio que figura en su documento. Por una cuestión procesal, hasta que ese hecho no se defina, no se ha presentado aún la documentación vinculada a la causa que acredita que su familia posee derechos sobre los bienes a través de instrumentos que datan del año 1993 (en esa época quien aquí escribe se encontraba estudiando en la Facultad) y que están certificados por Escribano Público.
Mi patrocinado también posee documentación pública e informes de dominio expedidos por el Registro de la Propiedad de la Provincia de Buenos Aires, que son anteriores a la fecha en que se denuncia la supuesta usurpación. Dichos elementos e información fueron recabados por Sandoval a través de otros profesionales (no por mi, si eso le preocupa al periodista del periódico ya que a esa fecha quien aquí escribe no tenía ninguna vinculación con el tema) del Registro Público de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires y no del Municipio, estando suscripto por los responsables de las reparticiones públicas provinciales pertinentes. Todo ello será presentado en el Juzgado una vez que se resuelva el Incidente de Nulidad planteado.
No obstante, la lectura de la nota sugiere que una de las partes tiene y ha presentado toda la documentación en regla, y que la otra no tiene ni ha presentado nada. Sin esperar la resolución de la justicia, para EL CIUDADANO mi patrocinado es un usurpador. Claro que lo califican como "presunto" usurpador, para evitar posibles consecuencias penales.
Pues bien. Me considero en el derecho de pensar que los Periodistas y el Director de EL CIUDADANO son "presuntos mentirosos", "presuntos irresponsables" y "presuntos canallas".
Juegan con el buen nombre de la gente manipulando a su gusto la información, ocultando datos, tergiversando los hechos y parcializando la opinión para lograr los efectos deseados.
Consideré necesario realizar estas aclaraciones para evitar mayores daños a mis seres queridos, que se vieron innecesariamente apenados por el accionar malicioso del medio.
Leonardo Guido Garavaglia
DNI 22.411.090
Uno de los temas principales de la nota en cuestión (que no tiene firma) es mi participación profesional como Abogado Patrocinante de una de las partes. En varios párrafos se hace referencia a esta situación objetando mi desempeño ético, al sugerir que mi trabajo en el área de Legales del Municipio de alguna forma me inhibe de desempeñar mi profesión fuera del ámbito municipal.
Mi desempeño en la causa en cuestión recibe diferentes calificativos a lo largo de la nota. EL CIUDADANO CALIFICA COMO "novedad", o como algo "sorprendente" una situación que no debería sorprender en lo más mínimo. Los periodistas que trabajan en dicho medio saben perfectamente que el Municipio no bloquea los títulos de los profesionales que trabajan en su plantel (Abogados, Médicos, Ingenieros, Arquitectos, etc.) por lo que todos pueden -y de hecho lo hacen- desempeñar su profesión en el ámbito privado fuera del horario municipal.. Si no lo saben, deberían saberlo, aunque a mi juicio eligen ocultar esa información al lector, con el objeto de fortalecer aún más la idea que subyace en todo el artículo, y que es la de que en el hecho de marras se haya incurrido en algún tipo de irregularidad, falta ética o delito.
Como dato ilustrativo, considero pertinente señalar que en el quehacer profesional, diversas son las causas en las que se requiere nuestro servicio y asistencia. Por ejemplo en el "candente" tema de las usurpaciones que EL CIUDADANO se encarga de resaltar, he actuado como patrocinante de la Sra. Leonor Cenas, quien ha sido mencionada reiteradamente en dicha publicación como víctima del delito mencionado. No he visto en ningún caso que esta información haya sido publicada por EL CIUDADANO, siendo que la misma es pública y conocida por periodistas de ese medio.
Volviendo a la nota en cuestión debo decir que EL CIUDADANO se cuida mucho de decir directamente lo que sugiere. Prefiere ponerlo en boca de terceros, como hace en el párrafo 12, cuando el señor Pontón (pongo en conocimiento que me contacté con el mismo para que me diera las explicaciones sobre sus supuestos dichos) habla de "conflicto de intereses". No obstante, un párrafo antes, la nota refiere al cargo ocupado por mi esposa, la Dra. Zulma Luna, y dice que eso "agrava la situación". Si no existe falta ética ni delito, ¿qué es lo grave? EL CIUDADANO debería aclarar esto, así como también explicar cuál es la relación concreta de mi esposa con la causa, a la que se la vincula maliciosamente.
Considero que el Director de EL CIUDADANO comprende perfectamente que una relación conyugal no implica una pérdida de la identidad, y que cada cónyuge mantiene su tarea profesional de forma independiente. Un buen ejemplo de ello es la relación del principal periodista de su medio con quien fuera en su oportunidad Jefa de Prensa del Municipio, hecho que no le pareció entonces censurable ni contradictorio.
Otro punto no menos importante a aclarar es la situación real de la causa. Durante toda la nota, EL CIUDADANO toma partido por una de las partes de un conflicto privado, dando información parcial y tendenciosa. El objetivo, claro es, sugerir -siempre sugerir- que diversos funcionarios municipales (la nota menciona a quien suscribe, a su esposa, y también a "alguien" que no identifica) están avalando, patrocinando, protegiendo, a supuestos usurpadores.
La nota no lo dice de forma directa, pero cualquier lector bien intencionado no negará que esa es la "sensación" que arroja su lectura. Para construir esa sensación, el medio recurre a diversas manipulaciones de la realidad, y toma partido sólo por una de las partes. Extrayendo algunos párrafos del escrito presentado por dicha parte, el medio cita causas penales anteriores de mi patrocinado. La elección de esa cita por parte del medio no es casual, y lo que busca es claramente generar en el lector una opinión desfavorable hacia su persona.
El conflicto se encuentra judicializado. El expediente tramita en el Juzgado Civil y Comercial Nº 27 de La Plata. Mi patrocinado fue declarado en rebeldía por no contestar una demanda que fue pegada en la puerta de su supuesto domicilio.
En relación a ello, se efectuó una presentación pidiendo que se le permita contestar y defenderse notificándolo en el domicilio que figura en su documento. Por una cuestión procesal, hasta que ese hecho no se defina, no se ha presentado aún la documentación vinculada a la causa que acredita que su familia posee derechos sobre los bienes a través de instrumentos que datan del año 1993 (en esa época quien aquí escribe se encontraba estudiando en la Facultad) y que están certificados por Escribano Público.
Mi patrocinado también posee documentación pública e informes de dominio expedidos por el Registro de la Propiedad de la Provincia de Buenos Aires, que son anteriores a la fecha en que se denuncia la supuesta usurpación. Dichos elementos e información fueron recabados por Sandoval a través de otros profesionales (no por mi, si eso le preocupa al periodista del periódico ya que a esa fecha quien aquí escribe no tenía ninguna vinculación con el tema) del Registro Público de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires y no del Municipio, estando suscripto por los responsables de las reparticiones públicas provinciales pertinentes. Todo ello será presentado en el Juzgado una vez que se resuelva el Incidente de Nulidad planteado.
No obstante, la lectura de la nota sugiere que una de las partes tiene y ha presentado toda la documentación en regla, y que la otra no tiene ni ha presentado nada. Sin esperar la resolución de la justicia, para EL CIUDADANO mi patrocinado es un usurpador. Claro que lo califican como "presunto" usurpador, para evitar posibles consecuencias penales.
Pues bien. Me considero en el derecho de pensar que los Periodistas y el Director de EL CIUDADANO son "presuntos mentirosos", "presuntos irresponsables" y "presuntos canallas".
Juegan con el buen nombre de la gente manipulando a su gusto la información, ocultando datos, tergiversando los hechos y parcializando la opinión para lograr los efectos deseados.
Consideré necesario realizar estas aclaraciones para evitar mayores daños a mis seres queridos, que se vieron innecesariamente apenados por el accionar malicioso del medio.
Leonardo Guido Garavaglia
DNI 22.411.090
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